La justicia porteña ordenó el desmantelamiento de una antena de telefonía celular de 60 metros de altura ubicada en el barrio de Barracas que, desde hace nueve años, funciona en un terreno cercano a dos escuelas. La jueza en lo contencioso administrativo, Lidia Lago, hizo lugar a un pedido de amparo presentado por un grupo de vecinos que alegaron, entre otras cosas, que el equipo de la empresa Nextel provocaba daños a la salud, y contaminación ambiental por las radiaciones electromagnéticas. "Está constatado que la antena está centenares de veces por debajo de los límites de radiación recomendados mundialmente", dijeron voceros de la empresa. La controversia por las antenas - hay más de 600 sólo en la ciudad-, motivó ya tres fallos judiciales en un año y medio, que obligaron a desinstalar equipos.
FUENTE: LA NACION.COM.AROrdenan desactivar antenas de celularesEn las últimas semanas, dos juezas instaron al Gobierno de la Ciudad a desconectar y trasladar dos estaciones base de teléfonos celulares, por no contar con los certificados de aptitud ambiental exigidos. Pero no son casos excepcionales: de un total de 600 estructuras de transmisión sólo un 23% tiene ese trámite finalizado. Las restantes siguen funcionando a pesar de ser técnicamente clandestinas. Las empresas argumentan que la demora es producto de la burocracia y los cambios de normativas. Desde el Ministerio de Medio Ambiente aseguran que existe un vacío legal y apuestan al control vecinal.
Siguen creciendo, casi a la par del número de usuarios, las asociaciones vecinales que se preocupan por el tema. Una de ellas la integran los vecinos y la hermana de la futura vicejefa de Gobierno porteño, Gabriela Michetti, que aporta experiencias de soluciones en otras partes del mundo. El actual ministro de Medio Ambiente porteño, Juan Manuel Velasco, reconoce que existe un vacío legal con respecto a este tema y que sería necesario un ejército de inspectores para controlar la situación.
En los últimos dos meses, dos juezas del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad ordenaron al Gobierno la desconexión y traslado de dos antenas de telefonía móvil. Una, en la zona de Retiro; la otra, en Barracas, ambas estaban funcionando hace siete y nueve años de manera ilegal. Pero las cifras demuestran que éstas no son situaciones excepcionales. Tres de cada cuatro bases de transmisión están trabajando sin contar con los certificados básicos para su funcionamiento, esto quiere decir que son técnicamente clandestinas.
FUENTE: PERFIL.COM
Se confirma el criterio judicial:La antena debe desmantelarseAseguran que la empresa reconoció que en enero no hicieron nada para cumplir con la orden del juez quilmeño. Entonces éste les otorgó 60 días para dar cumplimiento con su fallo de desmantelamiento, muchos menos de los que solicitó la firma. El 20 de abril es la fecha tope en que «no tiene que quedar ni un tornillo» de la antena de la calle Berutti entre Gran Canaria y Martín García, en Quilmes Oeste. Además impuso una multa de 100 mil pesos por día de mora. Así lo decidió ayer el juez federal Luis Armella durante la audiencia de conciliación que presidió entre la empresa responsable de la antena, los vecinos afectados, y la Comuna.
Los vecinos, más que satisfechos, prevén igualmente hacer hoy una manifestación en horas del mediodía, para agradecer al magistrado, dar detalles de la medida judicial, y protestar contra la empresa. Realizarán esta acción frente mismo de la antena. La audiencia había sido convocada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, para establecer los pasos del desmantelamiento de la antena.
Estaba invitada la empresa Telefónica de Comunicaciones Personales SA, la cual acudió con varios representantes, los vecinos, de los que fueron un puñado, y la municipalidad, de donde asistió la abogada Marcela Linares, de la Asesoría Letrada.
«El juez fue muy concreto, muy preciso, y hasta diría que tajante -comenzó su relato la vecina Graciela Martínez-, porque tras escuchar brevemente las explicaciones de la empresa, le dio 30 días para que desactive el funcionamiento de la antena, y 30 días más para que no quede ni un tornillo, la desmantele completamente y la traslade a otro lugar».
«La empresa intentó explicar que necesitaban mucho más tiempo, porque debían encontrar un nuevo lugar, limpiarlo, desarmar esta estructura, trasladarla hasta el nuevo lugar, y volver a armar todo».«El juez interrumpió al ingeniero que explicaba todo con detalle, y que incluso había llevado todo por escrito. Le preguntó a boca de jarro qué había hecho la empresa en enero, y el ingeniero le dijo que no habían avanzado en nada. Entonces el juez le acortó los plazos a 60 días».
«Después le tiró un poco las orejas a la Municipalidad, aunque la abogada nada tiene que ver con la gestión (de Geronés) que autorizó la antena, pero le pidió que hagan todo lo posible para que no vuelvan a ocurrir cosas como éstas. La funcionaria estuvo muy cordial, nos felicitó a los vecinos por la lucha que llevamos a cabo, y comentó que les están lloviendo las carpetas de antenas que ocasionan problemas para los vecinos».
EL FINAL DE UNA LUCHA
«Después de casi ocho años, finalmente estamos por ver el fin de esta pelea. Y nuestra lucha tiene su efecto dominó, porque vemos cómo todos los vecinos de otras antenas comienzan a pelear para erradicar estas estructuras, cuya radiación puede afectar tanto la salud».
«Realmente estamos muy agradecidos con la Justicia, porque por primera vez nos sentimos respaldados. Está bien que esta antena era una situación muy especial, porque incumplía las ordenanzas en muchos puntos.
Pero las normas están para cumplirlas. Y vemos que la conciencia va creciendo; a mi casa me han venido a consultar gente de Berazategui, por ejemplo, para ver cómo organizarse contra otras antenas. Esto va creciendo», concluyó la vecina
FUENTE:Diario Perspectiva Sur, 21 de febrero de 2008
ORDENAN QUITAR ANTENA DE TELEFONIA CELULAR DEL PATIO DE UN COLEGIO31-OCT/2006
Una juez porteña hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de padres y le ordenó al gobierno de la Ciudad que desconecte y traslade una antena de telefonía celular, de la empresa Telecom SA, instalada en el patio de la escuela San José de la Palabra de Dios, que cuenta con 700 alumnos. La magistrada detectó irregularidades en la autorización y dijo que no estaba probada la existencia de un estudio de impacto ambiental.
Lo resolvió la juez Alejandra Petrella, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires, en autos caratulados “Peino Leonardo Esteban y otros contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)”, a raíz de una acción de amparo presentada por un grupo de padres de la escuela San José de la Palabra de Dios, quienes solicitaron que se traslade una antena de telefonía celular de la empresa Telecom S.A. - que actualmente se encuentra instalada en el patio de la institución- invocando la violación de la Ley 123 (de Evaluación de Impacto Ambiental) y ante la posibilidad de los efectos contaminantes de los campos electromagnéticos. En primer lugar, la juez aclaró que la Jurisprudencia local amplió significativamente la legitimación en casos similares, ya que la norma habla de "habitante" de la ciudad, “lo que conlleva a que cualquier vecino puede accionar por amparo ambiental, así como el Defensor del Pueblo y las Organizaciones no gubernamentales”. Luego explicó que había motivos para conceder la medida cautelar solicitada “en cuanto la misma deviene una garantía constitucional adjetiva que se encuentra comprendida implícitamente en los arts. 43 de la CN y 14 de la Carta Magna local”. “Ello así, por cuanto son claras las disposiciones contenidas en el art. 30 de la CCABA en cuanto a la obligatoriedad de una evaluación de impacto ambiental en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente”, agregó. Asimismo, la juez sostuvo que la demandada “no ha acreditado en debida forma que la empresa hubiere cumplido con todos los recaudos tendientes a obtener la debida autorización para el funcionamiento de la antena y, pese a ello, ésta parece encontrarse en funcionamiento”. “Tampoco surge de autos, ni de las actuaciones administrativas, que se hubieren ponderado las consecuencias que la reconexión de la antena puede tener sobre la salud, no sólo de los niños que concurren a la escuela, sino también de los vecinos de la ciudad”.
Teniendo en cuenta el material aportado a la causa, “la antena estaría instalada desde el año 2000 -explicó Petrella- sin que se hubiera expedido la pertinente autorización ni categorización del proceso de instalación de una antena de telefonía celular, cuya nocividad no ha quedado aún determinada”. Actualmente, la escuela San José de la Palabra de Dios alberga diariamente a más de 700 alumnos y alumnas del preescolar, primaria y secundaria.
Por todo ello, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar, y en consecuencia, le ordenó a la Comuna a que –por medio del Ministerio de Medio Ambiente- arbitre los medios para que se suspenda el funcionamiento de la antena, “hasta tanto se resuelva el fondo de la presente acción de amparo, o bien hasta que se acredite en autos que se ha cumplido acabadamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la Autoridad Ambiental haya extendido la pertinente autorización”. “La juez fue muy diligente y dictó un fallo que sienta precedentes en la materia, al hacer referencia en su sentencia a la potencialidad del daño de los campos electromagnéticos de las antenas” opinó el abogado Osvaldo Sidoli. Por su parte, Alejandro Aguirre, uno de los padres que presentó el amparo, le dijo a este medio que “a partir de hoy empieza a corre el plazo de 15 días hábiles para desconectar la antena”.
Fuente: Diario Judicial
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